Tras dos intentos fallidos, el gobierno efectuó la concentración en apoyo a su gestión. Aunque su última convocatoria se la hizo a nombre de conmemorar el primer aniversario de la nueva Constitución y para anunciar medidas de “radicalización” de la revolución, lo cierto es que el gobierno buscó hacer una demostración de fuerza frente a las masivas y victoriosas acciones de lucha empujadas días atrás por el magisterio, el movimiento indígena y otros sectores populares. Con todos los recursos materiales, logísticos y financieros dispuestos por el gobierno para movilizar la gente -con transporte y viáticos incluidos- desde todo el país, la concentración no fue mayor.
Se esperaba que los anuncios de “radicalización” impliquen varias medidas que afecten los intereses económicos y políticos de la oligarquía y, a su vez, provoquen notables beneficios para los más pobres, pero eso no ocurrió. En esencia se dijo que “radicalizar” la revolución significa “más justicia, más equidad, más dignidad, más soberanía”; que un gran avance en la “radicalización” era la firma del proyecto Coca-Codo Sincalir; y, que se entregaría a los campesinos 130 mil hectáreas de tierra que están en poder del Estado. Al día siguiente, domingo 18, que debía iniciarse su entrega en el cantón Colimes, el Ministro de Agricultura simplemente ofreció que “avanzarán a todo velocidad en este proceso”.
Si el gobierno habla de “radicalización” de la revolución es un reconocimiento expreso de no hay tal revolución en el país, pues, no es posible concebir una revolución que no sea radical.
Como slogan prestado de la lucha del pueblo argentino en contra de los dictadores militares de las décadas de los setenta y ochenta, Correa insistió que estaba ¡prohibido olvidar! lo ocurrido en el pasado.
Y efectivamente no se puede olvidar a los responsables de la crisis del país, de la miseria del hambre de los trabajadores. No se puede olvidar que la lucha de los pueblos frenó las pretensiones de suscribir el ALCA y el TLC; prohibido olvidar a quienes endeudaron al país con la banca internacional; prohibido olivar a los asesinos de nuestro pueblo.
Prohibido olvidar la violenta represión cometida en Dayuma (noviembre de 2007); prohibido olvidar a quienes emitieron el decreto 1701 que elimina la contratación colectiva en el sector público; prohibido olvidar el intento de privatizar el agua; prohibido olvidar el intento de poner fin a la autonomía universitaria y la gratuidad de la educación superior; prohibido olvidar a quienes aprobaron la actual ley Minera; prohibido olvidar a quienes suscribieron el contrato petrolero del campo Sacha; prohibido olvidar a los responsables del asesinato de Bosco Wisuma.
Prohibido olvidar el compromiso que el gobierno tiene de atender las demandas de la UNE y la Conaie.
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